El jueves 17 de febrero se llevó a cabo la audiencia de apelación al fallo que condenó a ocho personas a pagar 43.000 coronas por "interrumpir una interpelación" en el parlamento sueco.
En noviembre de 2019, ellas/os habían manifestado su descontento ante el silencio de la canciller Ann Linde frente a las violaciones a los DDHH en Chile, en pleno estallido social.
El jueves 10 de marzo, el tribunal de apelaciones dará a conocer la sentencia.
Por: Marisol Aliaga
La verdad de las cosas es que la noche anterior a la audiencia, comencé a tener serias dudas sobre si cubrir este caso. Había preguntado a dos expertos en leyes, y su opinión había sido tajante: “No tienen ninguna chance. La ley es clara al respecto, no se puede interrumpir en la cámara, menos desplegar una bandera”.
Sin embargo, tenía dos razones fuertes para asistir. 1: mis ansias de saber la verdad. 2: había dicho que iría.
De modo que el jueves pasado me apersoné en la sala siete de Svea Hovrätt, en Estocolmo - la corte de apelaciones de Estocolmo. Al entrar, el guardia me dijo, cuando me disponía a mostrar mi tarjeta de prensa: “No me interesa su tarjeta. Aquí todos pueden entrar”. “¡Que bien!” Le respondí. “Esto es democracia”.
Además del jurado, la fiscal, los imputados y dos abogados, una decena de personas se habían dado cita en una sala bastante pequeña, en forma de semicírculo.
Durante el transcurso de la audiencia, se fueron despejando mis dudas. Me convencí de que no bastaba con leer la carpeta investigativa, también era necesario ver a los imputados y escuchar sus razones. También constaté que la fiscalía contaba con un solo testigo, y que éste aseguró algo que todos los demás implicados negaron fehacientemente.
¿Quién tenía la razón?
Algo que, pese a todo, hablaba a favor de los condenados fue el hecho de que el tribunal de apelaciones aceptara el caso. Al parecer alguna razón hubo para que la ley quisiera enviar el caso a una instancia superior.
Los procesos judiciales en Suecia - como en tantos países - son lentos. Este hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2019 (pulse el enlace). Ese día, se discutieron en el parlamento sueco una serie de asuntos, estuvieron presentes los ministros del Medioambiente, de Comercio, del Trabajo y de Relaciones Exteriores (utrikesministern). Uno de los puntos a tratar era una interpelación del diputado liberal Joar Forssell respecto a los DDHH en Hong-Kong. La interpelación estaba dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde.
El parlamento sueco, o Riksdagen. Foto: Riksdagen.se
Las ocho personas que se vieron implicadas eran chilenas. En realidad, eran nueve, pero también se vio comprometido “un pobre turista que estaba sentado al final de la fila y que también era de Chile” (según el FUP, carpeta investigativa), a quien la policía debió dejar en libertad.
Ellas – la mayoría mujeres - habían tenido conocimiento de que ese día se discutirían los derechos humanos en el parlamento, y decidieron escuchar lo que la canciller sueca diría al respecto, desde las gradas destinadas al público en general, en el segundo piso de la inmensa sala. Es muy posible que – como me ha sucedido a mí tantas veces – hayan pensado que se discutirían las violaciones a los DDHH en Chile, cuando en realidad se trataba de los de China (¡ojo!, esta es una suposición mía).
La jornada comenzó a las 13:00 horas y se trataron diversos temas. Finalmente llegó el turno de la interpelación “La estrategia respecto a China y el apoyo al desarrollo democrático en Hong-Kong”, convocado por Joar Torssell. El diputado expresó su opinión y Linde la suya, y al cabo de quince minutos, el tema estaba zanjado. Ambos se despiden con un apretón de manos y vuelven a sus asientos.
En ese preciso momento, las ocho personas en las gradas se ponen de pie y expresan su descontento porque – a diferencia de lo que esperaban – Ann Linde no tocó el tema de los DDHH en Chile. Seguidamente una de ellas saca una bandera mapuche, y otras ayudan a sostenerla. El hecho ocurrió en el lapso de segundos, porque inmediatamente los guardias les ordenan abandonar el recinto, lo que hacen sin protestar.
(Aquí vale la pena recalcar que no existe un registro de audio donde se pueda apreciar qué exactamente dicen ellas/os. Sin embargo, todos coinciden en que se trataba de los DDHH en Chile y que no se pronunciaron frases de mal gusto u ofensivas).
Otro guardia, no obstante – el testigo principal de la fiscal en la corte de apelaciones – asegura que hubo una interrupción que llevó a un aplazamiento de "unos 20 minutos". (Más de esto más adelante).
Los guardias los conducen a un baño donde permanecen durante cerca de media hora - 45 minutos. Luego son llevados a otra pieza, hasta que llega la policía que fue llamada al lugar ante un “grave hecho delictual”, según el informe policial.
Una de las personas detenidas, de 75 años, sufre de diabetes, y pidió poder acceder a su bolso para controlarse el azúcar y comer algo. Esto le fue negado.
Al llegar la policía, identificaron a las personas y les dijeron que “no necesitaban abogado”. Que “esto no iba a pasar a más”. Pero, una de ellas insistió en contar con un representante legal, y otra se hizo asistir por un abogado para la apelación, pero por cuenta propia (pro bono). El resto no recibió asesoría legal.
Sin embargo, y contrariamente a lo asegurado por los policías, una fiscal levantó una demanda judicial, y el 19 de noviembre de 2020 el tribunal de primera instancia de Estocolmo dicta el fallo condenatorio de “según el cap. Artículo 4, primer párrafo del Código Penal por perturbar una ordenanza o, en su defecto, perturbar una reunión pública. Afirmando, además, que los condenados lo habían hecho intencionadamente y estaban conscientes de sus consecuencias.
Lo que sostiene el guardia y lo que constatan las actas
Al leer la extensa carpeta investigativa (99 páginas) y sobre todo al escuchar los alegatos del jueves pasado en el tribunal de apelaciones me doy cuenta de una serie de contradicciones entre lo que aseguran la fiscal y su único testigo y lo que sostienen los siete imputados (uno de ellos no apeló).
Durante el alegato en la corte de apelaciones, el jueves pasado, se proyectan los registros audiovisuales de las interrogaciones policiales, tanto de uno de los guardias como de todos los imputados.
Comenzando, me llama la atención que lo que dice el guardia en el video no corresponde con la transcripción en la carpeta investigativa.
Pero también, que en la transcripción, el guardia habla de una suspensión (o aplazamiento) de 20 minutos de la interpelación:
“La sala está en sesiones. La ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde, se disponía a subir al podio a pronunciar un discurso. Ellos perturbaron la ordenanza, entonces, cometieron un crimen. Entonces posponen la sesión en la cámara para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo sin molestar allí abajo. L [nombre del testigo] no sabe por cuanto tiempo se tuvo que aplazar la sesión en la cámara. No está claro cuánto tiempo, pero tal vez 20 minutos. Suspendieron la sesión de todas formas debido a la interrupción de la ordenanza y al trabajo de la seguridad. Y entonces, como guardias de seguridad, tienen que asegurarse de que las personas que hicieron eso salgan de allí.”. (Página 25).
Sin embargo, en la página 10 de la carpeta investigativa, se puede apreciar parte del protocolo de la sesión. El punto 44, de la plantilla de Excel, está en amarillo, y corresponde a las palabras de la primera vicepresidenta de la cámara, Åsa Lindestam, quien recuerda que “la expresión de opiniones desde las gradas está prohibida”.
Esto lo dijo cuando la interpelación había concluido y antes de la próxima.
En la página 9, en la carpeta investigativa, según las actas de la sesión, se indica la hora y la duración exacta del incidente:
"La Cámara evita generalmente y en lo posible aplazar oficialmente las sesiones de la Cámara en caso de disturbios. En las listas y en las actas se aprecia que el disturbio tuvo lugar entre los debates de dos interpelaciones. Entre las 15:01:31 - 15:02:29…”
Entonces, cuando la presidenta de la cámara recordó que las expresiones de opinión estaban prohibidas, el debate había concluido:
¿Entonces, fue correcto afirmar que “las ocho personas interrumpieron una interpelación en el parlamento”?
Con esta pregunta comenzó su defensa uno de los dos abogados, y se refirió al punto 44 de la planilla de Excel, que corrobora que no hubo una interrupción.
- ¿Está entonces penado por la ley ponerse de pie y aplaudir, luego de una intervención? Preguntó.
También puso en duda el que los ocho hubieran planeado la acción. Y que hubieran llevado una bandera con la intención de enarbolarla en la sala.
- Mi defendida portaba una bandera, puesto que por la tarde asistiría a una manifestación. Ella fue al parlamento para escuchar sobre los DDHH en Chile. Luego se decepcionó de que solo se tocaran los DDHH en Hong-Kong y manifestó su decepción. ¿Es esto un delito? Mi defendida no interrumpió la interpelación, la presidenta dijo que esta había terminado. Independientemente de que la jornada no hubiese concluido, hubo una pausa de un minuto y seis segundos.
El abogado hizo ver, además, que el registro audiovisual presentado por la fiscal no muestra el hecho: la grabación se corta cuando el debate termina. Y las imágenes - de muy baja resolución - en las cuales y por sus vivos colores se aprecia una bandera, apenas dan cuenta de esos 70 segundos en el parlamento.
Porque eso duró la supuesta "interrupción": 70 segundos.
La abogada de otra imputada, por su parte, se refirió el tema de si su defendida había actuado intencionadamente. Según ella, no es posible corroborar esto.
Además existen varias contradicciones. Por ejemplo:
Según un guardia, los imputados se conocían, se habían puesto de acuerdo, se habían sentado juntos y habían conversado entre ellos. Que “por su lenguaje corporal se podía deducir que eran amigos”.
Según los imputados, los guardias les mostraron donde sentarse. Algunas de ellas (la mayoría eran mujeres) se conocían entre ellas. Las otras no. “Siéntense allí, todos juntos”, les había dicho el guardia”.
Según el guardia, todos se pusieron de pie y todos gritaron “algo sobre los DDHH en Chile”.
Una de las imputadas tenía problemas con su pierna, se levantó a duras penas y no dijo nada.
Según el guardia, se había interrumpido la sesión en el parlamento durante unos 20 minutos.
Según los imputados, y según las actas, fue cosa de segundos.
Según el guardia, fue una acción planificada.
Según los imputados, fue una reacción espontánea ante la frustración de que, una vez más, la canciller sueca guardaba silencio frente a las graves violaciones a los DDHH que en ese entonces se estaban cometiendo en Chile.
Y en una corte no deben existir prejuicios, sino pruebas. Evidentemente el testigo de la fiscal hizo lo posible para que el hecho pareciera mucho más grave de lo que realmente fue.
“Fuimos condenados a esta enorme multa, porque nos expresamos durante 77 segundos”, dijo uno de los imputados.
Agradeció – al igual que el resto - amablemente la oportunidad que les daba la corte de defenderse, aunque fuera sin asesoría legal, porque que el fallo condenatorio era injusto.
El imputado ejerce la profesión de profesor y, al igual que loas/los otros imputados jóvenes, el hecho de haber sido condenados por un tribunal obviamente pone trabas en el desarrollo de su vida laboral y social.
Y esto es lo más triste de este caso, pienso yo. ¿El hecho de que estos compatriotas queden con antecedentes penales, y ¿por cuántos años?
Desconozco las razones de por qué este proceso judicial ha tomado tanto tiempo. En el momento de ocurrir el hecho, en noviembre de 2019, se vivía en Chile el momento más álgido del estallido social, y angustiados veíamos como en Chile mutilaban a jóvenes y niños. Lo único que podíamos hacer era salir a manifestarnos y lo hicimos. Y salíamos de casa con una bandera en la cartera por si en la tarde hubiera una manifestación más de las muchas que se organizaban.
No sé mucho de leyes, pero pienso que si las leyes no están al servicio de los ciudadanos, algo no está funcionando en la sociedad. No sé si los jueces tomarán en cuenta las declaraciones de los imputados, pero sí sé que si yo hubiera estado ese día en las gradas del parlamento, también me habría levantado y habría protestado.
Pensé que en Suecia regía la democracia, y, en una democracia, el derecho a expresión está por sobre todos los demás.
El 10 de marzo a las 11:00 de la mañana, el tribunal – Svea Hovrätt – da a conocer el fallo.
Svea Hovrätt (Corte de Apelaciones de Estocolmo). La ministra sueca de Relaciones Exteriores, Ann Linde, y el diputado Joar Forssell (L) se dan la mano, al terminar la interpelación sobre los DDHH en China. Foto: Marisol Aliaga. Polisen.
